La presidenta del Congreso, Francina Armengol, negó este martes haber recibido órdenes o presiones de la trama Koldo para contratar a la empresa investigada y pidió responsabilidad al PP.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, afirmó este martes que, durante su gestión al frente del Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para dejar de reclamar la devolución de parte del material. No obstante, no aclaró quién del Ministerio de Fomento, entonces dirigido por José Luis Ábalos, aconsejó contratar a la empresa Soluciones de Gestión.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol dio por primera vez explicaciones públicas sobre la compra realizada por su Ejecutivo a la empresa investigada por la trama Koldo. El PP, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir su dimisión por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas.
Armengol apuntó contra la dirección del PP: «No todo vale en política», dijo, y señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario». Aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó.
Sobre la contratación, sostuvo: «Quiero ser muy clara en algo. Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». Agregó que en sus ocho años de gobierno autonómico y cuatro al frente del Consell Insular de Mallorca jamás dio instrucciones para contratar a una empresa específica.
Armengol explicó que Baleares «compró legalmente» con «contratos bien hechos». El contrato, de 3,7 millones de euros, fue para adquirir mascarillas que se vendieron como FFP2. Los técnicos del servicio de salud decidieron comprarlas en abril de 2020, durante la pandemia. Posteriormente, el Gobierno envió las mascarillas a analizar al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
«Cuando tenemos los resultados de las mascarillas, nos dicen los resultados que no es que sean unas mascarillas malas ni fake. No. Son mascarillas que no filtran como FFP2, pero que sirven como mascarillas quirúrgicas y, por tanto, se decide, por parte de los servicios de salud y de los técnicos, almacenar esas mascarillas», detalló.
Armengol recordó que la reclamación por la diferencia de precio se hizo antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma». Añadió que la «responsabilidad» de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas recae ahora en el nuevo Ejecutivo de PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», concluyó.