La reforma inmobiliaria que impulsa el Gobierno nacional podría derivar en un conflicto constitucional. Colegios profesionales anticipan acciones judiciales y advierten que la disputa podría llegar a la Corte Suprema.
La reforma inmobiliaria que impulsa el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, promete convertirse en una controversia constitucional que podría terminar definiéndose en los tribunales. Mientras el oficialismo plantea que la eliminación de barreras regulatorias permitirá aumentar la competencia, especialistas en derecho público, dirigentes de colegios profesionales y referentes del sector advierten que el Estado nacional podría no tener facultades para modificar sistemas de matriculación creados por leyes provinciales.
La regulación del ejercicio profesional forma parte de una de las discusiones más tradicionales del derecho público argentino. Desde hace décadas, abogados, escribanos, médicos, arquitectos, ingenieros, contadores y corredores inmobiliarios ejercen bajo sistemas de matriculación obligatoria establecidos por leyes provinciales o de la Ciudad de Buenos Aires. Estos regímenes determinan quién puede ejercer una profesión, cuáles son los requisitos y qué organismos controlan el desempeño. Numerosos especialistas sostienen que la regulación profesional constituye una facultad que las provincias nunca delegaron al Gobierno federal.
La Constitución Nacional establece que las provincias conservan todos los poderes no delegados expresamente a la Nación, entre ellos la posibilidad de reglamentar profesiones y crear matrículas. A partir de este principio, distintos juristas entienden que el Congreso Nacional no podría avanzar sobre leyes locales que regulan la actividad de los corredores inmobiliarios.
En la Ciudad de Buenos Aires, la actividad inmobiliaria está regulada por la Ley 2340. En la provincia de Buenos Aires y en el resto del país existen normas similares que establecen requisitos de matriculación, tribunales de disciplina y mecanismos de fiscalización. Para quienes cuestionan la iniciativa oficial, cualquier intento de eliminar esas exigencias mediante una norma nacional chocaría con los límites del sistema federal.
Los colegios profesionales ya anticipan que recurrirán a acciones de amparo, medidas cautelares y planteos de inconstitucionalidad. Especialistas consideran que el caso tiene potencial para llegar hasta la Corte Suprema, donde debería definirse el alcance de las facultades federales y provinciales en materia de regulación profesional.
Los colegios sostienen que la matrícula obligatoria cumple una función de protección para los consumidores y usuarios, garantiza un piso mínimo de formación, permite verificar antecedentes profesionales y ofrece mecanismos disciplinarios. También cuestionan la iniciativa desde una perspectiva presupuestaria: actualmente se financian mediante aportes de sus matriculados, sin generar costos directos para el Estado. Una eventual eliminación podría obligar a las jurisdicciones a crear nuevas estructuras públicas para cumplir funciones similares.
Consultado por iProfesional, el abogado Jorge Martín Irigoyen afirmó que avanzar con esta política implicaría «retroceder 20 años». Sostuvo que «Sturzenegger juega como una especie de agente 007 con licencia para matar» y que la ofensiva contra los colegios responde «más a una convicción personal del ministro que a una necesidad concreta del sistema». También cuestionó la coherencia de la medida con el discurso meritocrático del oficialismo.
Aunque la controversia se concentra hoy en los corredores inmobiliarios, colegios de abogados, escribanos, médicos, arquitectos, ingenieros y contadores observan de cerca la evolución de la iniciativa. El resultado de esta disputa podría sentar un precedente relevante para numerosas profesiones. La discusión gira en torno a quién tiene la potestad constitucional para decidir quién está habilitado para ejercer una actividad profesional.