Un informe de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe) señala que el superávit fiscal del Gobierno se sostiene mediante recortes en áreas sociales, postergación de pagos a proveedores y acumulación de deuda flotante. Datos oficiales muestran una caída real del gasto primario del 4% en el cuatrimestre.
El superávit fiscal constituye el principal objetivo de la administración de Javier Milei, según informaron fuentes oficiales. No obstante, la ejecución presupuestaria durante los primeros cuatro meses de 2026 presenta elementos que generan interrogantes sobre la calidad y sustentabilidad de ese equilibrio, de acuerdo con un estudio de la Fundación de Estudios Políticos y Estratégicos (Funepe), dirigida por el economista Cristian Módolo.
El informe indica que el resultado fiscal se apoya en una reducción del gasto público y en un incremento de obligaciones comprometidas no pagadas. “Junto con la denominada ‘motosierra’ aparece otro fenómeno: la acumulación de deuda flotante dentro de la administración pública, que es el registro de pagos reconocidos pero no ejecutados a proveedores”, afirmó Módolo.
Según datos del Ministerio de Economía, la deuda exigible fue de $1,58 billones en enero, $1,95 billones en febrero, $4,04 billones en marzo y $2,79 billones en abril. La deuda flotante acumulada en el cuatrimestre asciende a $10,36 billones, aunque no es acumulativa porque existen pagos de deuda previa entre meses.
Una fuente de la Casa Rosada declaró que “no están pagando a ningún proveedor del Estado y que no hay plata ni para la leche para los empleados de la Casa Rosada ni para arreglar los baños de los puestos fronterizos”. En este contexto, se mencionó un debate interno entre el clan Menem y Santiago Caputo por la concesión de obras en pasos fronterizos.
Un empresario que solicitó anonimato señaló que “un amigo proveedor del Estado tiene una deuda de u$s14 millones y la empresa casi fundida”.
Los rubros con pagos postergados incluyen: gastos de personal ($428 mil millones en marzo, $378 mil millones en abril), bienes y servicios ($364 mil millones en marzo, $178 mil millones en abril), transferencias a provincias ($1,76 billones en marzo, $1,02 billones en abril) y gastos figurativos de bienes y capital ($1,27 billones en marzo, $1,03 billones en abril).
Módolo agregó que en Santa Fe, entre enero y mayo de 2026, se recibieron $21.769 millones en transferencias no automáticas, frente a $530.000 millones en el mismo período de 2023 a moneda constante, lo que representa 155 veces menos.
El gasto primario registró una caída real acumulada del 4% durante el primer cuatrimestre, según el Ministerio de Economía. Los recortes más profundos se observaron en: Vivienda (-63,7%), Promoción social (-24,7%), Trabajo (-24,6%), Salud (-22,5%) y Educación y cultura (-8,7%). En contraste, los subsidios energéticos crecieron un 90% real interanual y los intereses de la deuda pública aumentaron un 63,7% real.
Durante los primeros cuatro meses se destinaron casi $5 billones al pago de intereses de la deuda.
En cuanto a la recaudación, cayó un 6,7% real interanual en el cuatrimestre. En mayo se registró un repunte del 1,7%, con un aumento del 26% en ganancias por liquidación de grandes empresas. El IVA cayó un 8% y el impuesto al cheque un 3% en términos reales. En el cuatrimestre (sin mayo): IVA retrocedió 8,6%; aportes y contribuciones a la seguridad social disminuyeron 4,1%; derechos de exportación se desplomaron 37,5%.
La deuda flotante o exigible de la Administración Central pasó de $1,58 billones en enero a $2,79 billones en abril, con un pico de $4,04 billones en marzo. Estas obligaciones incluyen transferencias a provincias, compromisos con universidades nacionales, fondos para el PAMI y pagos por insumos de salud.
Módolo concluyó: “El Gobierno logró mantener el orden presupuestario, evitar la emisión monetaria para financiar el déficit y sostener el superávit financiero. Pero ese resultado se alcanza mediante una combinación de fuerte ajuste sobre partidas sociales, caída de la inversión pública, reducción de transferencias y acumulación de obligaciones pendientes de pago”.
El Fondo Monetario Internacional advirtió sobre riesgos vinculados a la sustentabilidad política del ajuste y recomendó reducir el monotributo, expandir el impuesto a las ganancias y aumentar alícuotas del IVA. El ministro de Economía, Luis Caputo, consideró inviable ese ajuste impositivo.