La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó la nulidad de las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó a su secretario general Abel Furlán y dispuso la intervención judicial del gremio por 180 días.
El escenario gremial argentino se vio modificado por una resolución judicial. La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dictó la nulidad de las elecciones nacionales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó de manera inmediata a su secretario general, Abel Furlán, y dispuso la intervención judicial de la organización por un período de 180 días.
La medida responde a una presentación realizada por la opositora Lista Naranja de la seccional Campana por presuntas irregularidades en los comicios internos de marzo de 2026. Desde la conducción saliente y la CGT afirmaron que el fallo constituye un atentado contra la autonomía sindical y una “operación política, judicial y empresaria” orientada a debilitar la estructura del gremio.
La principal preocupación entre los trabajadores del sector se centra en las negociaciones paritarias. Con el gremio bajo la conducción del interventor designado, el abogado Alberto Biglieri, la discusión salarial entra en un terreno de incertidumbre técnica y legal. Fuentes del sector señalaron que las discusiones con las cámaras empresariales, como ADIMRA y el Grupo Techint, sufrirán una parálisis en el corto plazo. El interventor judicial tiene entre sus facultades regularizar la institución y convocar a nuevas elecciones dentro del plazo estipulado de seis meses, pero la firma de acuerdos colectivos de aumento salarial requiere una representación paritaria con legitimidad plena.
Desde el entorno de Abel Furlán anticiparon que la respuesta institucional no se limitará a los tribunales. Mediante un comunicado, la organización gremial sostuvo que los trabajadores metalúrgicos enfrentarán la situación con “organización, democracia sindical y lucha”. El conflicto expone además el nuevo rol del Poder Judicial tras las modificaciones normativas que eliminaron las intervenciones administrativas previas en los litigios de los sindicatos. La CGT se declaró en estado de alerta frente a lo que consideran un intento de “disciplinamiento sindical”.