El índice de precios al consumidor de abril registró una suba del 2,6%, con un menor impacto del rubro alimentos, que aumentó apenas 1,5%. El dato genera alivio en el equipo económico, aunque persisten interrogantes sobre la medición y la evolución de la pobreza.
El Gobierno puede celebrar un quiebre en la tendencia ascendente del IPC, pero acaso más importante es que el sensible rubro de alimentos, que en los últimos meses había sido uno de los de mayores incrementos, ahora se encuentra relativamente estable.
El desglose de los datos del Indec marca que la inflación promedio de 2,6% de abril estuvo empujada, sobre todo, por la suba de combustibles y tarifas de servicios públicos, así como por otros rubros de aumentos típicamente estacionales, como educación y vestimenta. En cambio, los alimentos apenas tuvieron un incremento de 1,5%.
Es una situación que el ministro de Economía, Luis Caputo, interpreta como una confirmación de que estuvo en lo correcto al negarse a actualizar la canasta de relevamiento de precios. En la canasta «vieja» —que se sigue aplicando y refleja patrones de consumo del año 2004— se asigna a los servicios públicos una ponderación de apenas 9,4% del presupuesto familiar, mientras que en la frustrada canasta actualizada que había diseñado Marco Lavagna esa ponderación subía a 14,5%.
En otras palabras, el IPC de abril habría dado más alto si se considerara el real impacto de las subas tarifarias sobre el gasto familiar. En contraste, el rubro de alimentos sigue sobreestimado, al aplicarse una ponderación de 26,9%, en vez del 22,8% previsto en la canasta actualizada. La consecuencia es que, así como el IPC se vio perjudicado en los últimos meses por la disparada en el precio de la carne, ahora resultó minimizado gracias a la estabilización en los precios de alimentos.
Un alivio en la canasta alimentaria
La mejora se aprecia con mayor claridad al analizar la evolución de la canasta básica alimentaria, que marca la línea a partir de la cual se ingresa en la categoría de indigencia. Entre octubre y febrero, esa canasta se había encarecido más que el IPC, lo que indicaba un probable empeoramiento en los índices de indigencia. La tendencia se quebró en marzo, cuando frente a un IPC de 3,4%, la canasta se encareció un 2,2%. En abril se repitió la situación: frente a un 2,6% de inflación promedio, la canasta básica sólo aumentó un 1,1%.
En términos concretos, se necesitan $665.053 para que una familia tipo —de dos adultos y dos niños en edad escolar— pueda mantener una dieta sana que permita reponer nutrientes a diario. Según el último censo de pobreza del Indec, un 4,8% de la población sigue debajo de la línea de indigencia, una cifra alentadora si se tiene en cuenta que en el primer semestre de 2024 la medición había dado un impactante 13,6%, que viene bajando aceleradamente.
El interrogante ahora es si el próximo dato de pobreza e indigencia, que se publicará en septiembre y reflejará la situación social del primer semestre de 2026, sostendrá esa baja o si, por incidencia del encarecimiento de alimentos ocurrida en verano, habrá un nuevo retroceso.
El «factor carne» cambia de signo
El «factor carne» había sido uno de los fenómenos imprevistos por Caputo a inicios de año. La presunción del ministro era que, como ocurre todos los veranos, los precios en las carnicerías se estabilizarían después del clásico pico de consumo de fin de año. Sin embargo, se constataron subas que no estaban en los planes y que «pegaron» al IPC en el rubro alimentos, que el gobierno creía iba a compensar por los aumentos tarifarios.
Eso explicó los altos índices de enero, febrero y marzo: los alimentos aumentaron por encima del promedio de la inflación general —en realidad, hubo una saga de seis meses que recién se cortó en abril—. El motor de esos aumentos fue la carne vacuna, que en marzo marcó un incremento de precios de 6,9%, después de haber aumentado 7,2% en febrero, 4,4% en enero y 7,3% en diciembre. Por fin, en abril se registró una mínima variación negativa.
La anomalía llevó a varios analistas cercanos al gobierno a proponer un índice inflacionario «descarnado», con el argumento de que la inflación «real» se encontraba casi un punto por debajo de lo que reflejaba el índice del Indec. Y lo paradójico es que si Caputo hubiese aceptado la aplicación del nuevo IPC preparado por el renunciado Lavagna, el impacto de la carne vacuna habría sido mucho menor. Ocurre que el actual IPC le sigue asignando hoy la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per cápita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.
Qué pasa en las carnicerías
¿Por qué se produjo en verano ese inesperado pico en las carnicerías? Por un abrupto descenso —más de un 10%— de la oferta de animales para faena, lo cual llevó al mercado de hacienda de Cañuelas a que se pagara hasta $5.300 por kilo de novillito de hasta 390 kilos, algo que superó todas las expectativas del sector.
La retracción ocurrió por un cambio en la actitud de los ganaderos, que después de años de haber enviado a faena a animales en edad reproductora, ahora quieren aprovechar los buenos precios para recomponer el stock de animales, que cayó debajo de los 50 millones de cabezas, el número más bajo de los últimos 15 años.
A diferencia de lo que ocurrió en los últimos años, ahora es más negocio engordar un animal hasta más de 480 kilos, en vez de mandarlo al matadero con 300 kilos. Ese cambio en la ecuación del negocio ocurre por el abaratamiento relativo del maíz, el principal insumo para el engorde del vacuno. En números, ahora para comprar 10 kilos de maíz se necesita apenas medio kilo de novillo, cuando el costo histórico era de un kilo. Esto ocurrió no sólo por el aumento en el precio de la carne, sino además por la excelente campaña maicera, que aportará un volumen de 60 millones de toneladas.