La Inspección General de Justicia oficializó una reforma que elimina trabas administrativas, permite reuniones virtuales y digitaliza trámites para sociedades comerciales en la Ciudad de Buenos Aires.
La Inspección General de Justicia (IGJ) publicó la Resolución General 3/2026, mediante la cual derogó una serie de requisitos burocráticos que regían para las empresas en la Ciudad de Buenos Aires. La medida, enmarcada en un proceso de modernización estatal, busca reducir costos y tiempos administrativos para las sociedades comerciales.
Entre los cambios más relevantes, se destaca la autorización automática de reuniones de directorio y asambleas virtuales, sin necesidad de que estén previstas en el estatuto social. También se eliminó la certificación notarial obligatoria para la aceptación de cargos de administradores y directores, y se incorporó la posibilidad de constituir domicilio electrónico para notificaciones.
Otro punto clave es la creación de un mecanismo para que los directores que enfrenten trabas para renunciar puedan acudir a la IGJ y obtener una resolución en un plazo máximo de quince días hábiles. Asimismo, se flexibilizaron las garantías exigidas a los administradores, permitiendo diversas formas como depósitos o seguros de caución.
La reforma surgió de un proceso de Elaboración Participativa de Normas (EPN), en el que cámaras empresariales, consejos profesionales y universidades propusieron las simplificaciones. La IGJ señaló que el objetivo es eliminar exigencias que ya no cumplen una función de control útil o que generan costos desproporcionados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida y destacó que introduce “sentido común” en la gestión societaria. La consulta pública para seguir simplificando trámites continuará abierta en los próximos meses.