La Justicia federal investiga un esquema de desvío de divisas que habría alcanzado los 10.000 millones de dólares, con operaciones que incluyen retiros en efectivo sin trazabilidad y presuntas coimas para acceder a permisos de importación.
El expediente, que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, ya había detectado movimientos por más de 500 millones de dólares en bancos bajo investigación. Los informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA) agregan un elemento clave, ya que una parte de esos fondos fue extraída en efectivo, lo que dificulta la reconstrucción del circuito posterior del dinero; es decir, la trazabilidad de las operaciones.
La Justicia investiga a casas de cambio que retiraron al menos 530 millones de dólares en efectivo sin trazabilidad. Uno de los casos incluidos en los sumarios es el de Stema Cambios, que compró 180 millones de dólares a bancos y los retiró por ventanilla entre el 31 de enero y el 7 de febrero de 2023. También se investiga a la casa de cambio Mega Latina S.A., que concentra el mayor volumen, ya que habría comprado unos 327 millones de dólares a bancos, los retiró por caja y luego informó haber vendido el 70% de esas divisas a otra casa de cambio, Gallo Cambio S.A. Los documentos oficiales advierten que ese tipo de operatoria está prohibida, ya que las agencias deben vender a clientes y no a otros operadores. El informe del BCRA destaca que, tras esa operatoria, se perdió el rastro de los fondos.
En paralelo, los investigadores tienen en la mira a la auditora externa del BCRA, Valeria Fabiana Fernández, supuestamente mencionada en algunos audios que forman parte del expediente como «La Doctora», quien habría suscripto los estados contables de esa firma. El otro expediente que tienen Picardi y Lijo apunta a la casa de cambio Concordia Inversiones SRL, donde se detectaron transferencias a personas físicas por 9,8 millones de dólares y, una vez acreditados, esos fondos fueron retirados en efectivo. La casa de cambio aparece vinculada al dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, y a su madre. En este caso aparece también la casa de cambio ArgExchange, cuyos dueños serían los empresarios Elías Piccirillo, Francisco Auque y Martín Migueles.
Los informes también consignan que se accedió a dólares oficiales para venderlos a operadores cambiarios, lo que refuerza una de las hipótesis centrales de la investigación: se sospecha que los dólares o euros obtenidos a precio oficial podrían haber sido desviados hacia el mercado paralelo, obteniendo ganancias multimillonarias. Por otra parte, la causa analiza si existió un esquema en el que empresas y financistas accedían a permisos SIRA mediante el pago de coimas (estimadas entre el 10% y el 15% del monto de las operaciones) para luego volcar esos dólares al circuito paralelo.
La investigación se inscribe en el período de mayor restricción cambiaria, entre 2021 y 2023. Hasta el momento, la Justicia identificó al menos cuatro empresas involucradas y ordenó levantar el secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas físicas y jurídicas. También se solicitaron informes al BCRA, ARCA y a la Secretaría de Comercio para reconstruir el llamado «paso por paso» de las operaciones; esto es, el circuito completo que va desde la aprobación de los permisos de importación que realizó la Secretaría de Comercio, pasando por los dólares que dio el BCRA a los bancos, hasta que estos los vendieron a los importadores y el destino final de las divisas en casas de cambio.
Cabe destacar que la primera investigación sobre el otorgamiento de las SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina) está relacionada con una denuncia que realizó el periodista de La Nación, Carlos Pagni, sobre un presunto entramado de sobornos que involucraría a funcionarios y operadores financieros vinculados al Frente Renovador. La causa, que cayó en el juzgado del juez Eduardo Taiano, no prosperó inicialmente por falta de pruebas, pero al parecer, por la nueva información de los últimos días, será retomada por la Justicia a la brevedad. Pagni dio a conocer en ese entonces denuncias que investigaba la justicia sobre un presunto sistema de coimas millonarias que habría funcionado durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía, con Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio.
En ese entonces, la brecha cambiaria llegaba al 100% o al 200%, con un dólar oficial a $300 que en el mercado blue se vendía a $600. Hacia el final de 2023, el oficial se mantenía en $300 mientras el paralelo llegaba a $1.000. Lo más grave es que las personas físicas podían comprar solo 200 dólares por mes al valor oficial por la vigencia del cepo cambiario, mientras que miles de monotributistas habrían comprado dólares en el mercado oficial —en algunos casos por montos de hasta u$s2.000.000 mensuales— para pagar importaciones que nunca se realizaron. El esquema habría movilizado cerca de u$s3.200 millones solicitados al BCRA por autorizaciones de importaciones a través de las SIRA por un periodo estimado de 16 meses. Sin embargo, según nuevos datos surgidos de recientes investigaciones periodísticas, la suma de las autorizaciones podría llegar a unos u$s10.000 millones.