El superintendente de Servicios de Salud confirmó que se estudia una actualización estructural del PMO para establecer criterios más estrictos sobre prestaciones, medicamentos y tecnologías, en un contexto de fuerte presión financiera y judicialización masiva.
El Gobierno nacional reconoció formalmente que estudia un cambio profundo y estructural en el Plan Médico Obligatorio (PMO), el corazón regulatorio del sistema sanitario argentino que determina qué prestaciones, tratamientos y medicamentos deben cubrir obligatoriamente las obras sociales y las empresas de medicina prepaga.
La definición fue oficializada por el superintendente de Servicios de Salud, Claudio Stivelman, quien confirmó que el Poder Ejecutivo ya analiza una actualización profunda del esquema actual, con el objetivo de establecer criterios más estrictos sobre qué tecnologías y terapias deben integrar efectivamente la canasta básica de salud.
La iniciativa se produce en un contexto de fuerte presión financiera sobre el sistema sanitario y en medio de una escalada inédita de litigios judiciales vinculados al acceso a medicamentos de alto costo y prestaciones especiales.
El Programa Médico Obligatorio nació en los años noventa como un mecanismo destinado a garantizar un piso uniforme de prestaciones para todos los afiliados del sistema de salud. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en una estructura cada vez más amplia y compleja. La crisis de 2001 marcó un punto de inflexión: el entonces Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE), concebido como una solución transitoria, terminó consolidándose como el esquema definitivo mediante sucesivas prórrogas y ampliaciones normativas.
Según Stivelman, actualmente existen más de 100 normas que modificaron el PMO a lo largo de las últimas décadas. «Debemos cambiarlo, incluso hasta cambiarle el nombre», sostuvo el funcionario durante un desayuno de trabajo organizado por OSDEPYM, IIDOS y FESAL para debatir la evolución del sistema PROMESA, el mecanismo de mediación prejudicial en salud.
Uno de los ejes centrales de la reforma apunta al financiamiento de medicamentos y tratamientos de altísimo costo, que hoy absorben una parte creciente de los ingresos de obras sociales y prepagas. Durante el encuentro, Stivelman reveló que el gasto en farmacia y tecnologías de alta complejidad ya consume más del 40% de la recaudación de muchas entidades de salud y, en algunos casos provinciales, supera incluso el 50% de los recursos disponibles.
El diputado nacional Manuel Quintar (LLA), presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, definió al PMO actual como un «Frankenstein normativo», producto de décadas de incorporación de coberturas impulsadas por distintas leyes que expandieron derechos sin prever cómo sostenerlos económicamente.
La reforma también busca enfrentar la judicialización masiva de la salud. Argentina registra uno de los niveles más altos de litigios sanitarios de América Latina y los amparos se convirtieron en la vía habitual para reclamar medicamentos, terapias y tecnologías no contempladas originalmente dentro del PMO. Según datos expuestos durante el debate, cerca del 80% de los reclamos judiciales actuales vinculados a la salud están vinculados directa o indirectamente con prestaciones derivadas del PMO.
El juez federal Gonzalo Auguste aseguró que entre el 60% y el 70% del trabajo diario de su juzgado está relacionado con amparos de salud, mientras que el magistrado Alejandro Nobili estimó que en algunos despachos ese porcentaje alcanza el 80%. «No quiero que se me muera en mi escritorio el paciente», reconoció el juez Alfredo Guzmán durante el encuentro.
En paralelo a la reforma del PMO, el Gobierno analiza impulsar una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (AGNET), que tendría la función de determinar qué medicamentos, prótesis y procedimientos cuentan con suficiente respaldo científico para ser incorporados al sistema obligatorio de cobertura. La intención oficial es pasar de un esquema basado en la expansión permanente de derechos sanitarios hacia un modelo sustentado en evidencia científica y criterios de costo-efectividad.