La provincia de San Juan avanza con un proyecto normativo que busca redefinir el vínculo entre la actividad minera y el desarrollo económico local, priorizando la contratación de trabajadores y proveedores de la región.
La provincia de San Juan avanza con un proyecto normativo que apunta a redefinir el vínculo entre la actividad minera y el desarrollo económico local. La denominada Ley de Desarrollo Local Minero busca que la explotación de recursos naturales no solo genere divisas, sino que también tenga efectos concretos en las comunidades cercanas a los proyectos.
En contraste con leyes anteriores, el alcance de esta iniciativa es integral: incluye tanto la minería metalífera como la no metalífera y contempla todas las etapas del negocio, desde la exploración hasta la producción. El esquema propuesto se apoya en tres pilares. Para ordenar su implementación, la norma distingue claramente entre empresas operadoras y proyectos mineros.
Uno de los aspectos centrales es la definición de las zonas beneficiadas. En principio, se consideran como áreas prioritarias los municipios donde se desarrollan los proyectos, aunque esta delimitación podría ampliarse según lo establezcan los estudios ambientales oficiales. Este criterio será clave al momento de asignar empleos y contratos.
Las compañías deberán presentar planes específicos (Plan de Desarrollo de Empleo Local) orientados a incrementar la participación de trabajadores sanjuaninos. La meta es alcanzar de forma progresiva un 80% de empleo local, incluyendo tanto personal directo como contratistas. Además, deberán reportar periódicamente datos detallados sobre su plantilla. La norma establece que solo serán considerados trabajadores locales quienes puedan demostrar residencia en la provincia durante al menos 12 meses, con una diferenciación según su ubicación dentro o fuera de las zonas de influencia directa.
En el plano de compras, se propone que al menos el 60% del gasto en bienes y servicios se canalice hacia empresas radicadas en la provincia. Sin embargo, el cálculo contemplará la disponibilidad real de oferta local, evitando penalizar a las compañías cuando no existan proveedores adecuados. El sistema establece un orden de prioridad: primero se privilegiarán firmas de la zona directa, luego de áreas cercanas, posteriormente del resto de la provincia y, en última instancia, proveedores externos.
Para organizar la interacción entre empresas y proveedores, se creará el Registro de Proveedores Mineros de San Juan, un sistema digital de consulta obligatoria. Solo quienes estén inscriptos podrán acceder a beneficios y oportunidades vinculadas al sector. Las empresas registradas podrán acceder a financiamiento, asistencia técnica y programas de mejora tecnológica. La intención es elevar el nivel competitivo de las pymes locales y facilitar su integración en cadenas de valor más exigentes.
La aplicación de la norma estará a cargo del Ministerio de Minería, con apoyo de un consejo integrado por actores públicos y privados. Este organismo también tendrá la tarea de detectar brechas entre oferta y demanda para impulsar capacitaciones específicas. El régimen incluye penalidades ante incumplimientos, que van desde sanciones económicas hasta la exclusión del registro.
Con esta iniciativa, la provincia busca reemplazar esquemas anteriores y consolidar un modelo donde la minería funcione como plataforma de desarrollo territorial. El objetivo final es que la actividad deje beneficios duraderos en la economía y la sociedad sanjuanina.