Las paritarias de marzo mostraron un cambio en la pauta oficial, con aumentos promedio que subieron al 2.7%, aunque continúan por debajo de las proyecciones inflacionarias.
El escenario de las negociaciones colectivas de marzo muestra un cambio de tendencia, impulsado por una flexibilización en la postura oficial. En un contexto de aceleración de los precios, el Gobierno decidió relajar la pauta mensual de negociación, elevándola por encima del 2% mensual, superando el 1% que se pregonaba anteriormente. Algunos gremios, como el de bancarios, lograron acuerdos más cercanos a la inflación pasada.
Según un relevamiento de Synopsis Consultores, este cambio tuvo un impacto inmediato. El promedio de aumentos mensuales para marzo dio un salto significativo, pasando del 1.8% en febrero a un 2.7%. No obstante, esta cifra sigue estando por debajo de las proyecciones de inflación, que estiman un IPC superior al 3% para marzo. De confirmarse, los salarios encadenarían su séptimo mes consecutivo de pérdida de poder adquisitivo.
Al analizar los aumentos, se observa una fuerte dispersión según el poder de negociación de cada sector. Muchos acuerdos incluyen sumas fijas para compensar rezagos acumulados. El promedio de los acuerdos paritarios anuales o anualizados alcanzados en marzo llegó al 36.8%, el nivel más alto desde mayo del año pasado.
Un caso destacado es el del gremio de Sanidad (FATSA), que tras un 2025 de deterioro salarial, incorporó sumas fijas escalonadas que representan aumentos consolidados de hasta el 15% para abril en las categorías más bajas. Por su parte, Comercio, el gremio más grande del país, cerró un acuerdo trimestral del 6.3% (abril-junio).
Paradójicamente, el reporte señala que, si bien los reclamos salariales representan más del 50% de las causas de conflicto sindical, la conflictividad general ha mostrado un descenso sistemático. El 2025 terminó con el nivel más bajo de conflictos con paro desde 2006. Esta «pax sindical» se explicaría, en parte, por la avanzada edad de muchos dirigentes y una agenda más enfocada en la situación financiera de las obras sociales. Actualmente, la escasa conflictividad remanente se concentra casi exclusivamente en el sector público.