Diferentes posturas sobre el combate a la inflación y sus efectos en la actividad generan discusiones en el oficialismo, mientras economistas externos analizan las opciones.
En las últimas horas se ha evidenciado un debate en torno a la estrategia económica del gobierno nacional, específicamente sobre la disyuntiva entre priorizar una rápida baja de la inflación o considerar el impacto de las medidas en la actividad productiva y el empleo.
El presidente Javier Milei ha rechazado públicamente las posturas que defienden un enfoque gradualista para la reducción de los precios, basado en teorías como la Curva de Phillips, que sugiere una relación inversa entre inflación y desempleo. Esta posición ha generado análisis sobre posibles diferencias internas respecto al rumbo a seguir.
Desde distintos sectores de la economía se han expresado opiniones. Por un lado, se recuerda que históricamente ha existido la idea de que una inflación moderada puede ser compatible con el crecimiento, postura que en su momento sostuvieron figuras como el ex líder sindical Hugo Moyano. Por otro lado, economistas ortodoxos y heterodoxos han realizado críticas a la política monetaria contractiva actual.
Recientemente, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo señaló que el gobierno debería aprovechar el ingreso de divisas para acumular reservas en el Banco Central, sin temor a una inestabilidad cambiaria o de precios de corto plazo. Cavallo argumentó que el alto riesgo país responde a la persistencia de regulaciones y que solo bajará con un libre flujo de divisas y mayores reservas.
Dentro del gobierno, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, ha manifestado su preocupación por la demanda de pesos, actuando en consecuencia en las operaciones de deuda del Tesoro para absorber liquidez.
La incorporación del economista uruguayo Ernesto Talvi como asesor, conocido por sus estudios sobre crisis en economías latinoamericanas, ha añadido otro elemento al debate. Talvi, basándose en la experiencia uruguaya de los años 90, ha advertido sobre los riesgos políticos y sociales de ajustes fiscales demasiado drásticos que recaigan sobre los salarios del sector público, y se ha mostrado cauteloso respecto a fijar como objetivo único una inflación de un dígito si las herramientas para lograrlo son nocivas para la economía.
Este conjunto de declaraciones y análisis externos ha puesto en evidencia las complejas decisiones que enfrenta la administración nacional para estabilizar la economía sin generar un enfriamiento productivo severo.