La noche caía espesa sobre Azul. Un calor pegajoso, de esos que no ceden ni cuando el sol se esconde, aplastaba la ciudad. El aire olía a pasto seco, a tierra caliente, a río lento. El arroyo que atraviesa toda la localidad, oscuro y quieto, corría como una vena tibia. Era el sábado 19 de enero de 1974. Pleno verano. Argentina hervía, no sólo por la temperatura, sino también por la política.
La ciudad tenía entonces bordes bajos y un horizonte amplio, interrumpido apenas por las suaves ondulaciones de las sierras cercanas, rodeada de campos abiertos y caminos rectos que se perdían en el espacio y el tiempo. A 300 kilómetros de Buenos Aires, conservaba un ritmo calmo, casi rural, alterado apenas por la presencia del cuartel del Grupo de Artillería Blindado 1: un predio extenso, de unas 40 hectáreas, con edificios funcionales, residencias jerárquicas, un tanque de agua elevado y rutinas que se repetían con precisión militar.
Esa noche, mientras la ciudad se preparaba para dormir, un grupo numeroso de combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), liderado por Enrique Gorriarán Merlo, se encontraba concentrado en una quinta cercana al cuartel.
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Nunca se conoció el número exacto de militantes que participaron de la operación armada, pero distintas fuentes —judiciales, militares y testimoniales— coinciden en que fueron entre 80 y 100.
Eran hombres y mujeres fogueados, organizados en células, que respondían al brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), la organización revolucionaria marxista-leninista liderada por Mario Roberto Santucho que, a diferencia de otros espacios de la militancia armada, no había interrumpido sus acciones militares tras la asunción de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 1973.
La operación había sido planificada al detalle. Había grupos asignados a objetivos precisos: neutralizar guardias, tomar posiciones elevadas, avanzar sobre sectores clave del cuartel, capturar armamento y golpear el corazón simbólico del Ejército en el interior bonaerense. Uno de esos grupos tenía una misión específica, quizás la clave: ocupar el tanque de agua, la estructura más alta del predio, desde donde se podía dominar buena parte del complejo militar.
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Apenas pasada la medianoche, los guerrilleros avanzaron desde la parte trasera del cuartel, amparados por la oscuridad cerrada de la noche y vestidos con uniformes similares a los del Ejército regular. El engaño formaba parte del plan. El silencio era absoluto. Las botas pisaban tierra caliente. La respiración se contenía. La ofensiva estaba pensada para extenderse, si todo salía como estaba previsto, hasta las primeras horas del día siguiente. Pero los planes clandestinos rara vez sobreviven intactos al contacto con la realidad.
Mientras los combatientes avanzaban en fila, un centinela —Daniel Osvaldo González— los vio y dio la voz de alto. Hubo un intercambio breve, una excusa improvisada, una tensión que duró apenas segundos que alcanzó para romper el elemento sorpresa. El soldado apuntó. Uno de los guerrilleros disparó. El cuerpo del militar cayó y el sonido seco del tiro se expandió por el predio como una señal irreversible: el ataque ya no sería silencioso ni quirúrgico. Sería frontal.
Los militantes del ERP debieron avanzar rápida pero improvisadamente sobre el cuartel. Lograron tomar el casino de oficiales en medio de una confusión generalizada. Durante algunos minutos la guarnición pareció desarticulada, sin una respuesta clara. Pero el Ejército reaccionó rápido.
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Los militares lograron ubicar una ametralladora pesada en el punto más importante del territorio: la cima del tanque de agua. De inmediato, dos soldados comenzaron a disparar, barriendo sectores abiertos del predio y obligando a los atacantes a replegarse y cubrirse como podían.
En pleno enfrentamiento, un grupo del ERP se dirigió hacia las viviendas de los jefes de la unidad. Allí residían el coronel Camilo Arturo Gay —jefe de la guarnición militar— y el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, segundo al mando. Los combatientes se presentaron como miembros de otro regimiento movilizado para frenar un supuesto golpe de Estado. La coartada funcionó durante unos minutos. Gay e Ibarzábal aceptaron colaborar, todavía sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo.
El quiebre llegó de manera abrupta, cuando uno de los combatientes del PRT-ERP ordenó a los oficiales a que se pusieran de espaldas y con las manos en la cabeza. En ese momento, Gay se dio cuenta del engaño e intentó reaccionar. Buscó su arma. No llegó. Fue alcanzado por varios disparos y murió en el acto. En medio del caos, los combatientes capturaron a Ibarzábal y también a la esposa del coronel Gay. La operación comenzaba a desordenarse.
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Desde su posición, “el Pelado” Gorriarán, al frente del operativo, evaluó que varios de los objetivos no se habían cumplido y que la resistencia militar era más fuerte de lo esperado. La decisión del jefe militar guerrillero fue retirarse. Pero las comunicaciones —según explicó posteriormente el mismo Gorriarán— fallaron. La orden no llegó a todos los combatientes.
Ese error —justificable o no— tuvo un costo concreto. No fue una abstracción táctica: fueron muertes, desapariciones, destinos sellados.
Mientras un grupo de guerrilleros se retiró al recibir la señal del jefe del operativo, una fracción de 17 combatientes quedó atrapada dentro del cuartel sin saber que la retirada ya había sido ordenada. Resistieron lo que pudieron, sin munición suficiente ni posibilidades reales de escape.
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Los últimos momentos del ataque del ERP en Azul
La herrería del cuartel fue uno de los últimos escenarios de la noche. Allí estaban retenidos el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, la esposa del jefe de la guarnición, Nilda Cazaux de Gay, y sus hijos. La custodia había quedado a cargo de dos combatientes del ERP: Santiago Juan Carrara y Guillermo Pascual Altera.
Cuando el cerco militar se cerró, una tanqueta avanzó sobre el galpón y comenzó el asedio. Los disparos llegaron desde afuera. Carrara fue herido. Altera, de 23 años, murió en el lugar. En ese mismo intercambio, Nilda Cazaux cayó gravemente herida.
Trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Azul, fue intervenida quirúrgicamente. Murió poco después. El médico José Moreno, encargado del examen del cuerpo, dejó asentado en su informe que el cuerpo “presentaba una herida en el tercio superior del hemitórax izquierdo”.
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El doctor Moreno agregó además que esas heridas “habían sido tratadas quirúrgicamente” y que, a su entender, “fueron producidas por arma de fuego a corta distancia”. El carácter y la gravedad de las lesiones, concluyó, “fueron la causa directa del deceso”.
Curiosamente, el médico no aconsejó la realización de una autopsia. Tampoco hubo peritaje balístico posterior. Nunca se determinó si los disparos que la hirieron provinieron de los guerrilleros que estaban dentro de la herrería o del fuego militar que ingresó desde el exterior.
Las versiones quedaron abiertas. El ERP sostuvo que Nilda Cazaux murió por fuego del propio Ejército durante el asedio a la herrería del cuartel. Otras hipótesis, entre ellas la de Silvia Ibarzábal —hija del teniente coronel secuestrado esa noche—, afirmaron que tanto el coronel Camilo Arturo Gay como su esposa fueron asesinados por los guerrilleros. Dos relatos opuestos. Ninguna prueba concluyente. Una muerte atrapada entre el plomo, la urgencia política y la decisión de no investigar demasiado.
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El saldo de caídos en ambos bandos no fue grande en cantidad, pero sí severo en su peso político y en las consecuencias que abrió. Entre los combatientes del ERP, además de la muerte de Altera dentro de la herrería del cuartel, otros dos militantes —los obreros metalúrgicos Héctor Antelo y Reinaldo Roldán— fueron capturados con vida tras la rendición. Trasladados a distintos centros clandestinos de detención, fueron torturados de manera sistemática y, finalmente, desaparecidos hasta el día de hoy.
Es significativo que estas desapariciones ocurrieran durante el gobierno de Juan Domingo Perón, aunque no existe constancia pública sobre el conocimiento o intervención del líder en el recorrido final de ambos combatientes.
Del lado militar, además de Nilda Cazaux, cayeron el soldado conscripto Daniel Osvaldo González, abatido en los primeros minutos del ataque, y el jefe de la guarnición, el coronel Camilo Arturo Gay, muerto dentro del cuartel cuando el operativo ya se encontraba en pleno desarrollo.
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Azul amaneció sitiada. A la ciudad llegaron agentes de la Infantería de Marina, unidades del Ejército y policías federales y bonaerenses. La ciudad quedó prácticamente bajo control militar.
Pero eso no cerró la historia. Hubo un personaje empujado a una trama más larga y oscura: el teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal, que permanecería durante meses en distintas “cárceles del pueblo” del ERP. Su final sería trágico. Pero eso sucedería más adelante.
Lo cierto es que, para la organización marxista-leninista, el costo político interno fue inmediato. El fallo en la conducción del operativo dejó a Gorriarán Merlo fuera del Estado Mayor del Ejército Revolucionario del Pueblo y del Buró Político del PRT. Para el país, sin embargo, el impacto recién empezaba a desplegarse.
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El secuestro del teniente coronel Jorge Roberto Ibarzábal por parte del ERP
El cautiverio de Ibarzábal se desarrolló bajo una presión constante. El ERP lo mantuvo en movimiento casi permanente, trasladándolo entre distintos puntos del conurbano bonaerense y zonas rurales, en un contexto de cerco cada vez más estrecho.
Las fuerzas de seguridad desplegaron una cacería sistemática: allanamientos encadenados, controles en rutas, seguimientos, detenciones de militantes y una intensa actividad de inteligencia.
Cada operativo frustrado de las fuerzas de seguridad reforzaba la idea de que el margen se achicaba. Con el paso de los meses, el secuestro dejó de ser una carta política del PRT y se convirtió en un problema operativo sin salida clara.
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Durante meses, el ERP intentó negociar la libertad de Ibarzábal a cambio de la liberación de presos políticos de la organización. Pero el tiempo jugó en contra. A los diez meses de la acción en Azul, la lógica del intercambio se había agotado y el traslado permanente ya no era una táctica, sino una forma de ganar tiempo para entregar al militar de manera “ordenada”.
El tiempo se agotó el 19 de noviembre de 1974. Cerca de las siete de la tarde, una patrulla de control de ruta de la policía bonaerense advirtió tres vehículos que avanzaban en forma de convoy por San Francisco Solano, en el partido de Quilmes: eran dos automóviles y una camioneta.
En la caja de esta última iba un armario metálico. Adentro, encerrado, viajaba Ibarzábal, rumbo a una nueva “cárcel del pueblo”, en un intento más por despistar su paradero. La policía sospechó. Activó la sirena del patrullero y comenzó una persecución. Los vehículos aceleraron. Hubo disparos. Muchos. La camioneta fue finalmente detenida.
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A partir de ese punto, la historia entra en una zona opaca, típica de los hechos escritos entre la violencia y la clandestinidad. La versión del Ejército sostiene que uno de los combatientes del ERP, Sergio Dicovsky, subió a la caja de la camioneta y efectuó tres disparos contra el armario metálico que terminaron con la vida del teniente coronel. Luego arrojó el arma y se entregó sin resistencia. Esta hipótesis tiene una gran debilidad: las posibilidades de que el combatiente del ERP haya logrado subir a la parte trasera del vehículo, mientras varios oficiales disparaban hacia ese punto, es poco probable.
De todas maneras, el ERP nunca negó de manera categórica esa posibilidad, aunque insistió en que no podía asegurarse: la muerte de Ibarzábal, sostuvieron, también pudo haber sido consecuencia de los disparos realizados contra la camioneta por las fuerzas de seguridad durante la persecución. Al igual que en el caso de Nilda Cazaux, no hubo pericia balísitica.
Así, sin un cierre unívoco, terminó el cautiverio de Ibarzábal. No hubo escena final clara ni verdad definitiva. Sólo un episodio que selló el destino del rehén y, al mismo tiempo, marcó un punto de inflexión en la percepción pública de la violencia política. Sus protagonistas, las Fuerzas Armadas y las organizaciones revolucionarias, habían dejado de controlar los desenlaces de las acciones.
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El contexto político del ataque del ERP en Azul
Para entender por qué Azul ocurrió cuando ocurrió, hay que retroceder algunos meses y detenerse en un país que parecía volver a la democracia sin haber salido del todo de la violencia. El 11 de marzo de 1973, Argentina celebró las primeras elecciones presidenciales semilibres —Perón todavía estaba proscripto— después de 18 años. La fórmula Héctor Cámpora–Vicente Solano Lima, del Frente Justicialista de Liberación (Frejuli), resultó ganadora. El peronismo regresaba al poder. La estabilidad, no.
En los cuarteles, la reacción fue silenciosa y rencorosa. Los militares aceptaron el resultado, pero no lo digirieron. Masticaron bronca, se replegaron y empezaron a pensar —en el más estricto silencio— cómo y cuándo volver a gobernar. La transición nacía con una amenaza latente.
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Cámpora asumió el 25 de mayo de 1973 con un mensaje de pacificación y apertura. En sus primeros gestos incluyó la liberación de todos presos políticos, conocida como “el devotazo”, y una posterior amnistía que sacudió el tablero. Pero ese gobierno breve, casi de paso, nació condicionado desde el primer día: presionado por las organizaciones armadas y tensionado por el propio peronismo, que ya exhibía fisuras profundas.
En ese interregno —la presidencia de “el tío”, como se la conocería— las guerrillas redefinieron sus estrategias. El ERP, ajeno al peronismo y alineado con el marxismo-leninismo, fijó su posición en un documento que circularía como la “Carta a Cámpora”.
Allí, la organización liderada por Mario Roberto Santucho sostuvo que no atacaría al gobierno constitucional, al que reconocía como “un gobierno popular elegido por el pueblo”. Pero la aclaración era tan importante como la promesa: la lucha armada continuaría contra las Fuerzas Armadas y contra lo que definía como los intereses del imperialismo y las grandes empresas. No era una consigna. Era un programa de acción.
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Montoneros, en cambio, eligió otro camino. La guerrilla peronista, conducida por Mario Firmenich, se integró al gobierno: aportó funcionarios, ocupó bancas legislativas y suspendió sus operaciones armadas. Apostó a la política institucional con una premisa que el PRT-ERP rechazaba desde la apertura del Gran Acuerdo Nacional (GAN) en 1972.
Para Firmenich, el poder del peronismo residía en una construcción que aun hoy es amplia, dinámica, contradictoria y sobre todo compleja: “el movimiento peronista”. En esa premisa, todos podían estar de acuerdo. Pero había una cuestión profunda de desacuerdo.
Para el PRT-ERP, ese “movimiento” estaba subordinado a un liderazgo incuestionable e inamovible: Juan Domingo Perón. Montoneros, quizás con una cuota de ingenuidad política, creía lo contrario. En palabras de un exmilitante de la organización, “ese liderazgo debía ceder y nosotros debíamos reemplazarlo”.
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“La única verdad es la realidad”, decía Perón, y esa realidad comenzó a desmentir la hipótesis montonera el 20 de junio de 1973, durante el regreso definitivo de Perón al país. Aquel día, en un masivo acto de recepción en Ezeiza, la derecha peronista —aglutinada en grupos como el Comando de Organización, la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y la Juventud Sindical Peronista— atacó a tiros a los Montoneros, que había asistido al acto sólo con banderas, sin armas. El saldo fue una cantidad nunca revelada de muertos y heridos, y una certeza que ya no admitiría matices: la unidad del peronismo era una ficción.
A partir de los hechos de Ezeiza, el peronismo comenzaría la etapa más dura de su propia guerra interna. Tras el autogolpe a Cámpora, a tan solo 40 días de su asunción, y la presidencia interina de Raúl Alberto Lastiri —yerno del secretario privado de Perón y líder de la Triple A, José López Rega— las elecciones del 23 de septiembre de 1973 consagraron la fórmula Perón–Perón para la presidencia argentina.
El líder justicialista, ideólogo de la llamada “tercera posición” (“Ni yanquis, ni marxistas, peronistas”) asumió su tercer mandato el 12 de octubre de 1973, luego de 18 años en el exilio.
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Días antes, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) se habían fusionado con Montoneros, dando lugar a la principal organización guerrillera del país. Integrada al peronismo y comprometida —al menos formalmente— a suspender las acciones armadas desde la asunción de Cámpora, la dinámica entre “derecha” e “izquierda” peronista cambió para siempre.
El ERP, por su parte, continuaría su táctica de lucha armada contra las Fuerzas Armadas y las empresas imperialistas, en busca de la toma del poder para instaurar un gobierno socialista.
En ese marco, la relación de Perón con “los jóvenes idealistas” se volvió cada vez más tensa. Tras el asesinato de José Ignacio Rucci; ocurrido el 25 de septiembre de 1973 —siempre atribuido a Montoneros, pero nunca aceptado por la organización— avaló el llamado “documento reservado” del Consejo Superior Justicialista, que denunciaba una escalada de “agresiones” protagonizadas por “grupos marxistas terroristas y subversivos” y advertía sobre la “infiltración” en el movimiento. El ataque al cuartel de Azul terminaría de sellar ese giro ideológico del líder peronista.
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Horas después de la acción del ERP, Perón se quitó el saco y la corbata y volvió a ponerse el uniforme militar. Toda una señal. Desde la Casa Rosada pronunció un duro discurso en el que terminó de confirmar lo que todos pensaban: «la juventud maravillosa» había sido utilizada por el líder justicialista para su retorno, pero ya en la presidencia, no los precisaba.
En su mensaje, Perón afirmó: “Estamos en presencia de verdaderos enemigos de la Patria, organizados para luchar en fuerza contra el Estado al que a la vez infiltran con aviesos fines insurreccionales. (…) Ya no se trata de contiendas políticas partidarias, sino de poner coto a la acción disolvente y criminal que atenta contra la existencia misma de la patria (…) El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una patria justa, libre y soberana”.
Pocos días después, en una reunión con diputados de la Juventud Peronista —identificada con el ala izquierda del peronismo— el tono fue aún más explícito: “Estamos dispuestos a enfrentar la violencia con más violencia. Nosotros tenemos más medios para aplastarlos, y lo haremos a cualquier precio”.
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La escena, replicada hasta el cansancio en los canales de televisión, terminó con la renuncia de los legisladores y con un mensaje político que ya no admitía dobles lecturas: Perón había tomado partido por la derecha peronista.
Los hechos de Azul no fueron leídos por el poder como un episodio aislado ni exclusivamente militar. Perón los incorporó rápidamente a una narrativa más amplia y retorcida, en la que la ofensiva del ERP se confundía —deliberadamente— con los conflictos internos del propio peronismo.
Así, “el enemigo” dejó de ser sólo una organización armada externa al peronismo y pasó a fundirse con la figura del “infiltrado”, del adversario interno que operaba desde adentro y ponía en riesgo al Estado y al partido por igual.
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Bajo esa lógica, la amenaza fue presentada como una fuerza ajena, ideológicamente foránea (Cuba y la Unión Soviética), incrustada dentro de las fronteras nacionales, frente a la cual cualquier respuesta —incluso la más extrema— podía ser justificada como un acto de defensa de la patria.
El cierre de esta historia no adopta la forma clásica de un final, sino la de una advertencia tardía. Lo ocurrido en Azul se desarrolló bajo un gobierno que mantenía formalidades democráticas, pero que, con el accionar de organizaciones parapoliciales como la Triple A y la CNU, escondía un conflicto bélico iniciado en mayo de 1969, con «el Cordobazo”.
El ataque del ERP no inauguró esa violencia: la encontró en curso, latente, administrada. La respuesta política no fue desescalar el conflicto, sino integrarlo al lenguaje del poder, usarlo como excusa para castigar a distintos sectores democráticos de la sociedad civil, y ampliar los márgenes de la represión en nombre del orden y de la patria.
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La muerte de Perón, el 1° de julio de 1974, no interrumpió ese proceso: por el contrario, lo profundizó. Lo que hasta entonces había funcionado como una política de excepción comenzó a consolidarse como método permanente.
Dos años más tarde, la dictadura militar haría explícito lo que ya se venía practicando desde el gobierno de Perón y sobre todo del de su esposa, María Isabel Martínez. De esa manera, Azul quedó marcado como un antecedente incómodo, una señal temprana de que el conflicto no se encaminaba hacia una resolución democrática, sino hacia una forma mucho más brutal.
Aquella noche de verano no fue sólo un operativo guerrillero fallido: fue el momento en que la historia aceleró y el freno dejó de existir.
Fuentes:
Servicio Histórico del Ejército.
Archivo General Militar Nacional.
«A Vencer O Morir – Documentos Del PRT-ERP».
Pablo Pozzi – «Por las sendas argentinas: el PRT-ERP y la guerrilla marxista» – Eudeba (2001).
Sebastián Miranda – «El Coronel Jorge Ibarzabal y el combate de Azul» – Grupo Unión (2024).
Luis Mattini – «Hombres y mujeres del PRT-ERP – De Tucumán a La Tablada» – Editorial De la Campana (1995).
ML