Recalculando, Patricia Bullrich anunció este jueves que la reforma laboral pasará a tratarse el 10 de febrero. Esto llega luego de que el Gobierno intentara avanzar a toda velocidad en lograr dictamen sobre la reforma laboral este jueves para poder llevarla al recinto el próximo 26 de diciembre. El anuncio fue hecho en el marco de la comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores.
Se trata de un nuevo revés para el Gobierno, que buscaba acelerar la llegada del proyecto al recinto de la Cámara Alta para tenerlo antes de fin de año. Se da en el marco del fracaso que sufrió el oficialismo durante la última sesión de la Cámara de Diputados, durante el tratamiento del Presupuesto 2026. A pesar de las expectativas de la Rosada, no puedo avanzar con las derogaciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad y la de financiamiento universitario, y hasta dejaron trascender que «así no le sirve» al Gobierno y hasta podrían vetarlo si no logran las modificaciones en el Senado.
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Tan solo horas después de ese revés, Bullrich comunicó a los senadores aliados y dialoguistas de los otros bloques la postergación del debate del proyecto de reforma laboral en el Senado. Varias voces señalan que el clima entre la ex ministra de Seguridad y sus aliados no era el mismo tras la sesión en Diputados que comenzó este miércoles. Las relaciones entre la Rosada y el PRO entraron en una nueva etapa tras las negociaciones, por fuera de la sesión extraordinaria en Diputados, entre LLA y el peronismo para designar a los integrantes de la Auditoría General de la Nación (AGN). Existen también algunos cuestionamientos y dudas desde los mandatarios provinciales acerca del Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que afectan directamente a la ANSeS, lo cual tendría inevitablemente consecuencias sociales en sus provincias que podrían estallarles y afectar su imagen y posibilidades de mantenerse en los ejecutivos provinciales.
También hay cuestionamientos alrededor de múltiples derogaciones de leyes y estatutos de diversos ámbitos. Se abre así un nuevo periodo de negociación entre el oficialismo y los mandatarios provinciales, que no suelen mostrar reticencia a entregar derechos laborales a cambio de fondos para sus provincias, tal como viene ocurriendo con los ATN.
El anuncio de postergar el tratamiento de la reforma ocurre durante la jornada de movilización convocada por la izquierda, el sindicalismo combativo y la CGT, quien no convocó a paro ni movilizó según según su capacidad. Los sectores combativos y la izquierda marcharon en una columna independiente a Plaza de Mayo y exigieron paro nacional y una movilización masiva el día que se trate la reforma laboral en el Congreso.