En el inicio de la campaña hacia las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, tanto la oposición provincial de La Libertad Avanza como el gobierno peronista de Axel Kicillof tendrán a la llamada “inseguridad” como eje temático, buscando captar los sentidos comunes reaccionarios de parte del electorado.
Ya se vio en estos días. Primero, con la entronización del excomisario de la Policía Bonaerense Maximiliano Bondarenko (apadrinado por Patricia Bullrich) como primer candidato a diputado liberfacho de la Tercera Sección electoral. Luego, con la “respuesta” de la Gobernación pasando a disponibilidad (una sanción menor) a 24 jerarcas de la fuerza que estarían ayudando a Bondarenko en su proyecto político.
Curiosamente (o no tanto), de lo que ninguno de ellos habla es de los crímenes de La Bonaerense (una de las fuerzas más prontuariadas del país) contra la población, que van desde el manejo de negocios en sociedad con narcos y piratas hasta la ejecución de jóvenes pobres en los barrios vía el gatillo fácil, la tortura y hasta la desaparición forzada. Parece que ahí, en lo profundo del accionar policial, no hay grietas ni polarizaciones.
El caso más reciente es el de Gonzalo Tamame, un joven de 29 años que la semana pasada murió en un calabozo de la Comisaría Primera de Olavarría tras haber sido detenido en la calle. Un caso que, al menos de momento, no mereció ni una comunicación oficial ni declaraciones del ministro de Seguridad Javier Alonso (menos aún de su jefe gobernador), pese a que que circulan videos de escenas de tortura contra el detenido, a una autopsia que compromete el accionar policial y a que hubo una movilización por justicia que derivó en represión por parte de la misma Bonaerense y detenciones, entre ellas la del candidato a concejal del Frente de Izquierda Agustín Mestralet.
“¡No puedo respirar!”
A diferencia de otros casos relatados por La Izquierda Diario en los últimos años, los momentos previos a la muerte de Tamame fueron registrados por teléfonos de ocasionales testigos. Videos que fueron difundidos por el medio local Verte y cuestionan de plano la versión que intentó instalar la Policía, según la cual el joven “se suicidó con un buzo” dentro de la celda de la Comisaría Primera.
El primero de esos videos fue tomado en el momento de la detención, en plena calle. Fue pasada la 1:30 de la madrugada del miércoles 23, en Cerrito y Grimaldi. Allí se ve a no menos de cinco efectivos reduciendo a golpes a Tamame, quien grita con desesperación. A su vez se escucha una orden: “¡Dejá de grabar!”
📹 Trascendió otro video de la aprehensión de Gonzalo Ezequiel Tamame.
👉🏻 La grabación muestra al hombre de 29 años en el suelo, siendo reducido por al menos cuatro efectivos policiales.
⚫️ Minutos después murió dentro de la Comisaría Primera, en circunstancias que están… pic.twitter.com/KwfOUTCkaI
— Verte (@CanalVerte) July 24, 2025
El otro video es de las 2 de la madrugada, momento en que Tamame es ingresado a la comisaría (la Policía dijo que entró 2:30). Allí se escucha con claridad: “¡No puedo respirar!”. Quien grabó el video dijo a Verte que lo bajaron a la fuerza, con insultos y golpes, y que para que nadie viera nada lo entraron en un móvil a un patio interno de la seccional. “El chico gritaba de dolor, les decía que paren de golpearlo, porque no podía respirar”, agregó el testigo.
✋🏻Exclusivo: un video complica a la policía por la muerte de un aprehendido
🚨El hecho fue en la Comisaría Primera. Se investiga bajo la carátula de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”. En la grabación se escucha… pic.twitter.com/nWv72oi2KN
— Verte (@CanalVerte) July 23, 2025
El silencio de las autoridades políticas que tienen a su cargo el manejo de la Policía Bonaerense contrasta con lo que viene denunciando la familia de Tamame y parte de la comunidad olavarriense. Marcela, la madre, dijo a los medios locales que “en la calle Cerrito andaba una camioneta blanca con tres hombres y una mujer parando a todos los chicos preguntándoles si tenían los videos. Ningún chico quiere salir a la calle porque tienen miedo”.
La escena de policías de civil, en vehículos no oficiales, intimidando a adolescentes y hasta “visitando” domicilios en busca de quienes los escracharon, no son extrañas ni originales. Pasan todos los días en la provincia de Buenos Aires. Por eso la familia de Tamame agradeció públicamente el coraje de quienes les enviaron esas imágenes demoledoras del relato policial.
Modus operandi
La Investigación Penal Preparatoria (IPP) por la muerte de Tamame lleva el número 01-02-3719-25, se tramita en el Juzgado de Garantías 1 de Olavarría, donde actúa como juez subrogante Carlos Villamarín, y está caratulada como “averiguación de causales de muerte, incumplimiento de los deberes de funcionario público, severidades, vejaciones y/o apremios ilegales”.
Las pesquisas recayeron en la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) N° 4, a cargo de Paula Serrano, aunque por feria judicial las primeras diligencias las tomó la UFI N°5 (de turno) a cargo de la fiscal Mariela Viceconte. Al menos tres policías, de apellidos Astrada, Bortolotti y Campos, están imputados (no procesados), ya que serían parte del grupo que esa noche estuvo de guardia en la Primera.
Durante el fin de semana la Fiscalía General del Departamento Judicial Azul dio un informe preliminar del caso, que incluye el resultado de la autopsia realizada al cadáver de Gonzalo Tamame. El examen traumatológico externo mostró “múltiples lesiones” en el cuerpo, que “no tienen por sí mismas la jerarquía necesaria y suficiente” para ocasionarle la muerte. Es decir, que fue torturado. Y murió por “la compresión cervical externa con un elemento a modo de lazo de adelante hacia atrás y hacia arriba que comprimió las estructuras del cuello generando un cuadro de asfixia traumática”. Es decir, un estrangulamiento posterior a las torturas.
La autopsia estuvo a cargo de la doctora Carolina Pérez Mernes, del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses Norte, con sede en Junín, dependiente de la Procuración General de la Provincia. Según el informe oficial, se hizo con “estricta aplicación del Protocolo de Minnesota”, el instrumento jurídico-científico sugerido por la ONU en casos de muertes violentas bajo custodia del Estado. El informe final de la autopsia se conocería recién la primera semana de agosto.
La Fiscalía General de Azul agregó que Tamame fue detenido en plena calle tras un llamado al 911 de su expareja. En esa comunicación, registrada a la 1:39 del miércoles 23, la mujer acusaba al hombre de haberla abordado en Cerrito y Grimaldi, golpearla, dañar su moto y sacarle su teléfono.
Siempre según la versión oficial, Tamame nunca se escapó ni resistió. Lo detuvieron en esa esquina, en la vereda de enfrente a donde estaba ella, con el celular en su poder. Se dio aviso a la UFI 5, donde la fiscal Viceconte (la misma que horas después inició las actuaciones por la muerte de Tamame) abrió un expediente por “lesiones, daño y robo”.
El informe detalla que médicos del Hospital Municipal, convocados por los policías, certificaron a las 4:30 el fallecimiento de Tamame “en el interior de uno de los calabozos». Y que recién quince minutos después los uniformados avisaron a la Fiscalía 4, que “dispuso la preservación del lugar y convocó a personal de Policía Federal DUOF Olavarría a fin de labrar las correspondientes actuaciones penales”.
Entre la detención y la firma del certificado de defunción pasaron casi tres horas. Qué pasó en ese tiempo, pocos lo saben. Pero hubo un lapso suficiente como para que quienes tenían control de la escena hicieran y deshicieran muchas cosas. De allí que las “medidas de urgencia” ordenadas por la Fiscalía, como el “relevamiento de rastros”, la “recepción de testimonios” o el recogimiento de libros de guardia, celulares y cámaras de seguridad pueden arrojar más dudas que certezas.
Así lo expresó Marcela, la madre del joven, durante la movilización del jueves en el centro de Olavarría. “Lo único que sé es que a mi hijo lo mataron como a un perro. Pedía auxilio, ‘por favor, me están matando, me están ahorcando’. Pedía en la calle ‘por favor, no me dejen solo porque me están matando’. Lo llevaron desnudo, con una remera y en calzoncillos, a la rastra entre ocho o nueve”.
María, una de las hermanas de Gonzalo, agregó: “Dijeron que se ahorcó con un pullover, pero lo llevaron en calzoncillos y remera. ¿Cómo se va a ahorcar con un pullover?”. Para la familia, “no hay posibilidad de que se ahorque dentro un calabozo”. Mucho menos cuando, aseguran, Gonzalo quería vivir. “Yo pedí las cámaras (de seguridad), pero dicen que no andaban”, denuncia Marcela.
Nadie se suicida en una comisaría
En el informe difundido por la Fiscalía General de Azul se suma un “antecedente” que pareciera intentar dar fundamentos a la teoría policial del “suicidio”. Allí se dice que en enero Tamame fue detenido en Azul por “portación ilegal de arma de fuego”, “amenazas” y “resistencia a la autoridad”. Y que una vez detenido “se intentó quitar la vida asfixiándose” con una prenda colgada “de una puerta del calabozo”. La causa por presunto “suicidio en grado de tentativa” sigue abierta en UFI 13 de esa otra localidad cercana a Olavarría.
Según la Comisión Provincial por la Memoria, cada vez más la Policía Bonaerense apela al relato del “suicidio” para explicar las sucesivas muertes de personas que están bajo su custodia directa. “Desde 2012, año en que la CPM comenzó un registro riguroso de muertes en dependencias policiales bonaerenses, hasta 2023 se registraron 89 muertes por ahorcamiento”, dice el organismo que tiene reconocimiento legal como Mecanismo de Prevención de la Tortura de la provincia.
Obviamente, ese relato no es exclusivo de la fuerza que conducen Kicillof y Alonso. Desde hace décadas, todas las fuerzas provinciales y federales tienen esa primera versión de los hechos como parte de su ya clásico manual de procedimiento. O, para decirlo más precisamente, de su modus operandi . De allí que la CPM se presentó rápidamente como particular damnificado en la causa por la muerte de Tamame, “para promover una investigación judicial objetiva que aparte a las fuerzas policiales del proceso, y que se enfoque en investigar hechos que podrían constituir graves violaciones a los derechos humanos”.