La alcaldesa demócrata de Los Ángeles, Karen Bass, firmó la semana pasada una orden ejecutiva destinada a reforzar los protocolos y ofrecer apoyo a comunidades inmigrantes ilegales en respuesta a las efectivas redadas migratorias llevadas a cabo por la administración de Donald Trump.
Esta acción busca proteger a invasores ilegales en la ciudad durante las operaciones federales de control migratorio que Trump ordenó en la ciudad, las cuales se han intensificado en las últimas seis semanas.
Durante una conferencia de prensa, Bass explicó que la medida se tomó debido a la falta de transparencia y coordinación por parte del gobierno federal. La delirante orden exige que las agencias federales entreguen información detallada sobre las redadas que planean hacer, incluyendo quiénes fueron detenidos, las razones y los costos asociados.
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El plan para llenar los bolsillos de los ilegales
La demócrata señaló que la directiva también instruye a las dependencias municipales a desarrollar planes de capacitación gratuitos sobre cómo responder ante agentes de inmigración que se presenten en sus instalaciones.
No obstante, la medida más lisérgica de las anunciadas por la alcaldesa es la implementación de un plan de asistencia económica directa a inmigrantes ilegales afectados por las redadas.
De esta forma, la municipalidad planea que organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes distribuyan tarjetas con efectivo equivalente a cientos de dólares para todo ilegal que resida en la ciudad, financiándose esta propuesta por intermedio de «donaciones filantrópicas».
Bass planea ejecutar estas medidas amparándose en que Los Ángeles es una ciudad santuario, un estatus legal creado por los demócratas que permite a las municipalidades evadir la ley federal y proteger a los inmigrantes indocumentados de la deportación y cualquier repercusión legal.
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Las redadas sirven
Mientras, se ha probado que las redadas ejecutadas por las fuerzas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han logrado detener a criminales peligrosos y rescatar a menores víctimas de explotación laboral.
Una de las operaciones más recientes tuvo lugar en una granja de cannabis en el condado de Ventura, donde agentes migratorios encontraron a diez menores inmigrantes en situación irregular, ocho de ellos no acompañados de sus padres.
El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, confirmó que la granja está siendo investigada por violaciones de leyeslaborales infantiles.
La alcaldesa acudió personalmente al lugar para exigir el cese de la operación, pero fue correctamente ignorada por el jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, quien declaró: »Yo no trabajo para Karen Bass… Mejor que se acostumbren, porque esto será lo normal muy pronto».
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