El 20 de marzo de este año, mientras las miradas estaban puestas en la marcha de los jubilados del día anterior (y una semana después de los graves incidentes en las inmediaciones del Congreso), se publicó en el Boletín Oficial la decisión administrativa 7/2025 que habilita, en su artículo 5, la asignación de “unidades retributivas adicionales a las autoridades superiores incorporadas al régimen de Gabinete de Asesores (…), en función del ahorro presupuestario generado por la reducción de dotación de personal de la respectiva jurisdicción”. Consultados por PERFIL, desde el Ministerio de Economía aseguraron que, desde entonces, no se produjo ninguna reasignación de recursos bajo esta normativa.
Pero si se toman los datos del presupuesto abierto y en el marco de un ajuste en la dotación de personal (que se redujo en 29.396 personas entre abril de 2024 y abril de 2025, según el último informe del Indec), la baja se hace evidente en el ahorro de dinero destinado al pago de salarios, y no tanto así en la disminución del porcentaje de recursos consignados al pago de funcionarios.
Así, por ejemplo, la Secretaría de Presidencia redujo en $ 4.274 millones los gastos en personal, pero el ítem “gabinete de autoridades superiores” se mantuvo en los $ 1.137 millones. Del total de gasto en personal el pago a autoridades pasó de representar el 3,5% en 2023 al 5,1% en 2025. Si bien no aumentaron en lo que va de 2025, de 2023 a 2024 estas asignaciones crecieron un 232% (pasaron de los $ 342 millones a los $ 1.137 millones actuales).
Algo similar ocurrió con el Ministerio de Economía. El salario de funcionarios comprendía el 3,2% del total en el año 2023 y en 2025 este porcentaje es del 3,6%. En este caso en particular, mientras los gastos en personal (el dinero asignado) aumentaron en total un 175% de 2023 a 2025, en el mismo período el monto asignado a la retribución a funcionarios creció 36 puntos porcentuales más, un 211%. En el último año, la cartera perdió 1.462 empleados, 295 en el último mes.
El ministerio que dirige Luis Caputo, junto al de Desregulación, son los encargados de aprobar las reasignaciones que establece la decisión administrativa mencionada. La consulta sobre si existieron algunos pagos dentro de este mecanismo de compensación por disminución de la dotación también se trasladó al Ministerio de Desregulación, pero dijeron a PERFIL no contar con información al momento de cierre de esta nota.
“No hemos recibido ninguna respuesta ni comunicación del Ejecutivo. La falta de transparencia es una constante: los funcionarios se niegan sistemáticamente a presentarse en la Cámara de Diputados para rendir cuentas”, afirmó a este medio la diputada nacional Blanca Inés Osuna, que elaboró un proyecto de resolución para repudiar la decisión administrativa. En el título del proyecto puede leerse que esta decisión del Ejecutivo, firmada por Guillermo Francos, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, “habilita a que las autoridades superiores de los organismos estatales reciban aumentos en función del ‘ahorro presupuestario’ generado a partir de los despidos de trabajadores”.
Osuna opinó que esta medida, “además de ser abusiva, vulnera derechos constitucionales de las y los trabajadores, algo que lamentablemente se ha vuelto costumbre en el gobierno de Javier Milei”.
Sobre la aplicación de esta posibilidad de incrementar los salarios de los funcionarios por esta vía, la legisladora agregó: “No tenemos información oficial sobre la aplicación concreta de esta resolución porque, como señalé, el Gobierno no da explicaciones ni presenta informes”. Sin embargo, aseveró: “Todos los días conocemos casos de trabajadores despedidos en el Estado. Lo más grave es que esta medida no solo limita derechos, sino que premia con un incentivo económico a los funcionarios que despiden personal”. Y agregó que “es inconstitucional y de una ética pública nula”.
En el reclamo firmado por Osuna y otros legisladores se detalla que “los funcionarios de las áreas que logren mayor ahorro presupuestario mediante la reducción de personal podrán acceder a unidades retributivas adicionales” y que la disposición incluye también a las reducciones de personal que hayan ocurrido durante el año 2024. “Desde el inicio del Gobierno hubo, aproximadamente, 50 mil despidos en el sector público nacional”, explican.
El documento cita a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE): “La Secretaría de Trabajo redujo su plantilla en 700 empleados en los últimos meses y, según estimaciones del gremio, habilitaría el reparto de más de 64 mil unidades retributivas, lo que equivale a un extra de casi $ 52 millones para los funcionarios de mayor jerarquía”.
Demián García, delegado de ATE en el Ministerio de Economía, explicó a PERFIL que “las unidades retributivas se usan para la grilla salarial y dependen de las paritarias”. En mayo esas unidades tenían un valor, según comentó el delegado, de $ 836,89.
“La resolución modificó la asignación de cantidad de unidades retributivas a distribuir entre los funcionarios”, detalló. En el anexo de la norma se establece por ejemplo una asignación de 10 mil unidades retributivas para “ministros, secretarios de Presidencia de la Nación y titulares de organismos desconcentrados y descentralizados que actúan en la órbita directa del presidente de la Nación”; 7.500 unidades retributivas para vicejefes de Gabinete de la Jefatura de Gabinete; 5 mil para secretarios y demás autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional; y 3 mil para subsecretarios y demás autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional.
García explicó que estas reasignaciones “suelen salir con resoluciones, pero no son públicas”. Sin embargo, “por la metodología de cálculo, daba alrededor del 6% de la masa salarial ajustada”.
Agregó que “los funcionarios pueden quedarse estas unidades retributivas y cobrarlas, asignarlas a otros funcionarios subordinados o a trabajadores a los que por distintas razones quieran pagarles más”, pero “sospechamos que, como tienen los salarios congelados, van a querer quedárselas”, manifestó.