El procurador general de la Nación Eduardo Casal solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, la suspensión de un fallo emitido por el máximo tribunal a finales del año pasado. La resolución en cuestión establece que las causas nacionales pueden ser revisadas por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
El fallo, conocido como «Levinas«, dispone que, una vez que una cámara nacional interviene en un caso, es posible presentar una apelación ante el Tribunal porteño antes de que el asunto llegue a la Corte Suprema de la Nación.
En términos prácticos, la decisión del máximo tribunal, adoptada por mayoría, confirmó el traspaso de la Justicia nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, lo que generó cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
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En el escrito dirigido a Rosatti, Casal advirtió que la aplicación del fallo Levinas podría impedir que el Ministerio Público Fiscal cumpla con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que tramitan en la justicia nacional con jurisdicción en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según explicó, esto afectaría los intereses que dicho organismo debe resguardar.
Casal argumentó que la Procuración General de la Nación solo tiene competencia para intervenir ante tribunales nacionales, pero no para presentar apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, señaló que la Fiscalía General porteña y sus fiscales tampoco cuentan con facultades para interponer recursos ante la Justicia de la Ciudad.
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En su presentación, el procurador general sugirió a la Corte Suprema que suspenda la aplicación del fallo hasta que se adopten medidas normativas que permitan al Ministerio Público Fiscal de la Nación desarrollar sus funciones de manera efectiva en el ámbito judicial porteño.
De este modo, Casal expresó su preocupación por la restricción que, según su planteo, limita la actuación del organismo en el nuevo esquema procesal derivado de la decisión judicial.
JD / cp