“Es una burda maniobra sin fundamento que calumnia a funcionarios intachables de mi gobierno como Alberto Abad y Leandro Cuccioli”. Con la voz entrecortada por la furia, Mauricio Macri reaccionó desde Cumelén.
En el barrio cerrado donde tiene su casa de verano en la Patagonia, el expresidente se pronunció contra la versión«>la versión que indicó que durante su administración la ex-AFIP protegió a kirchneristas.
El trascendido, que se conoció no por una denuncia precisa, sino por su circulación en las redes sociales, precisaba que un grupo de exfuncionarios y empresarios vinculados a los dos gobiernos Kirchner integraban una lista de unas 50 personas y compañías custodiadas para que no se investigara sobre ellas.
El rumor que hizo correr el Gobierno agregaba que esa supuesta protección a kirchneristas se había iniciado en 2016 (cuando comenzaba el gobierno de Macri) y que se prolongaba hasta ahora. La información pareció extraña desde el primer momento porque Abad, el primer director de la entonces AFIP de Macri, fue quien denunció a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa –ambos integraban esa presunta lista conocida en las últimas horas– por defraudación al Estado, que es un delito mucho más grave que el de evasión impositiva.
Cuccioli, que sucedió a Abad como director de la AFIP de Macri, insistió con esa gravísima denuncia en la Justicia. Más tarde, ya en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, fueron López y De Sousa quienes denunciaron a Abad por persecución contra ellos; la jueza María Servini llegó a citar a indagatoria a Abad por esa causa, a todas luces armada.
La Cámara de Casación condenó a Ricardo Echegaray, el director de la AFIP durante el gobierno de Cristina Kirchner, por la defraudación al Estado denunciada por Abad, pero insólitamente absolvió a López y De Sousa. En mayo pasado, la Corte Suprema de Justicia anuló por unanimidad el fallo de Casación y ordenó una nueva sentencia contra López y De Sousa, que deberán dictar otros jueces de Casación.
El delito de López y De Sousa, que cometieron durante la administración de Cristina Kirchner, fue revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en LA NACION y consistió en que esos empresarios no le entregaron durante años al Estado el dinero que correspondía a las retenciones de los impuestos a los combustibles en sus estaciones de servicio.
Por eso no es evasión (que refiere a impuestos que deben pagar las empresas por su facturación), sino defraudación, porque no se le entregó al Estado el dinero que se les retenía a los consumidores de combustibles. Hasta el momento de la denuncia, la defraudación era por una valor de 8000 millones de pesos, que significaban en ese momento unos 1000 millones de dólares.
López y De Sousa compraron varias empresas con ese dinero que, en rigor, era del Estado. Abad, ya director de la AFIP en el gobierno de Macri, se presentó en la Justicia para denunciar la maniobra de esos empresarios muy cercanos al kirchnerismo. Por lo tanto, resulta absurda la versión que, según varias fuentes del oficialismo, dejó correr el flamante director de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, a quien el mismo Alconada Mon denunció en LA NACION por ser propietario de departamentos en Miami por valor de dos millones de dólares que nunca declaró ante la Oficina Anticorrupción, como lo obliga la ley.
Este diario también reveló el lunes pasado que una de las primeras decisiones de Vázquez fue ascender a su pareja, María Eugenia Fanelli, una antigua empleada del organismo recaudador, a quien le duplicó el sueldo. Fanelli cobrará con el nuevo cargo entre 8 y 9 millones de pesos mensuales.
El Gobierno explicó de manera extraoficial que se “necesita gente con experiencia” en esos organismos (por la pareja de Vázquez) y justificó al director de la DGI señalando que para gobernar “se necesita gente de confianza”. Experiencia y confianza parecen ser los nuevos nombres del nepotismo. Vázquez debe ser el primer director de la DGI, que depende de la ARCA (la ex-AFIP), en contar con un vocero (vocera, en este caso).
Vázquez también fue señalado como un hombre con estrechos vínculos con los servicios de inteligencia. En verdad, se extrajo a un puñado de empresarios y personas ligadas al kirchnerismo que integraban una muy extensa lista de empresas y personas que Abad puso bajo control estricto en la AFIP para que ningún empleado ingresara sin razones fundadas a esos expedientes y vendiera la información a terceros.
Según Abad, lo que encontró de la gestión de Echegaray, a quien sucedió en el cargo, fue un descontrol inmanejable de los archivos de la AFIP que exponía al organismo a un permanente riesgo de violar el secreto fiscal. Pero el manto de cuidado cubría a todo el jet set argentino, integrado por empresarios, políticos, ricos y famosos. Sus datos podían ser vendidos a terceros para someterlos a eventuales extorsiones. Nadie olvida aquella cadena nacional de Cristina Kirchner que se enojó con un jubilado que había comprado 10 dólares para regalárselos a su nieto. En ese momento, ya se debía pedir permiso a la AFIP para comprar dólares.
Abad también le aportó información a la Justicia desde la AFIP sobre Hotesur, una causa judicial que investiga el lavado de dinero en hoteles de la familia Kirchner en complicidad con empresarios amigos, entre otras colaboraciones suyas con los jueces para probar la corrupción en tiempos kirchneristas. La versión, que extremó ayer la tensión entre La Libertad Avanza y Pro, es una prueba posible, entonces, de todo lo que el oficialismo ignora de la historia reciente o del desprecio que dedica a la veracidad de los hechos y a las personas.
El oficialismo pasó del absurdo al ridículo cuando nombró por su cuenta en X a la exvicepresidenta de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) María Eugenia Talerico, a quien vinculó con la supuesta protección en la AFIP a personas y empresas amigas del kirchnerismo. Talerico, que desempeñó ese crucial cargo en el gobierno de Macri, nunca fue funcionaria de la AFIP, sino de la UIF, que es un organismo que investiga y denuncia el lavado de dinero.
Pero ¿por qué difaman solo a Talerico y no a quien fue presidente de la UIF en esa época, Mariano Federici? Se supone que el presidente tiene siempre más poder que el vicepresidente (vicepresidenta, en este caso). Seguramente es porque Federici se apartó de la actividad política y vive gran parte del año en el exterior. En cambio, Talerico se propone ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en octubre próximo por una alianza de partidos que no incluye ni a La Libertad Avanza ni a Pro ni al radicalismo.
Además, ella viene denunciando en los últimos tiempos un parecido cada vez peor entre las prácticas del mileísmo y las del kirchnerismo. Talerico señaló que tanto la presencia de Vázquez en la DGI como el empoderamiento de los servicios de inteligencia y la intención de designar jueces adictos describen una estructura para perseguir a adversarios o enemigos.
Se opone obstinadamente a la designación del juez federal Ariel Lijo como miembro de la Corte Suprema; investigó el patrimonio del juez Lijo y de su hermano, Freddy Lijo. “Los números macroeconómicos no son todo y corren riesgo si no se cuida la vida institucional del país”, dice, y agrega: “Santiago Caputo está formando un entramado de organismos, medios, jueces y espías al servicio de las peores prácticas del Gobierno”, disparó la expresidenta de la UIF.
La ofensa de Talerico se explica porque la UIF fue querellante, cuando ella era su vicepresidenta, de casi todas las causas por delitos de corrupción del kirchnerismo, incluida la llamada causa de los cuadernos revelada en LA NACION por el periodista Diego Cabot y que es, hasta hoy, la mejor biografía de la corrupción de los Kirchner.
Esa investigación incluye a exfuncionarios y poderosos empresarios arrepentidos ante la Justicia por haber pagado o recibido sobornos. En los tiempos en que estalló ese monumental escándalo, era frecuente cruzarse en los tribunales de Comodoro Py con Talerico, saliendo o entrando de los despachos del fiscal Carlos Stornelli o del juez Claudio Bonadio, quienes realizaron la investigación judicial.
Macri cree que lo que pasó en las últimas horas no se trató de una operación política personal contra él, sino de algo mucho más amplio: de un síntoma más del destrato a Pro. Sin embargo, circula en el areópago político la versión de que Javier Milei dijo en los últimos días que su proyecto es enhebrar una alianza electoral con Pro y sectores del radicalismo porque teme que el peronismo gane las elecciones legislativas de octubre en la provincia de Buenos Aires.
Debe convencer a su hermana, Karina, que no está segura, ni mucho menos, de que sea conveniente la cercanía con Pro, y a su asesor más poderoso, Santiago Caputo, porque este está convencido de que La Libertad Avanza ganará en todas partes sin la ayuda de nadie.
Algunos funcionarios señalan que la maniobra de las últimas horas sobre la ex-AFIP, que compromete a exfuncionarios de Macri como Abad, Cuccioli y Talerico, fue una decisión de Santiago Caputo, del ejército de tuiteros que responden al Gobierno y de alguna otra extensión del famoso triángulo de hierro que gobierna el país.
Nadie nombra al Presidente, pero sería muy extraño que una operación que pone en riesgo la relación política y personal de Milei con Macri se hubiera hecho sin el consentimiento del jefe del Estado. O, al menos, de su conocimiento previo. La historia indica que los entornos son solo la representación cabal del jefe político, nunca los culpables. Milei ya demostró que les abre rápidamente la puerta de salida a los que hacen algo que a él no le gusta. Todas esas puertas están cerradas por ahora. ¿Quién es el culpable, entonces? ¿Dónde está?
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