La disolución de la AFIP impactó de lleno en las negociaciones que el Poder Ejecutivo encara con los gobernadores, de cara a la aprobación del Presupuesto 2025, en el cual se prevé una partida de 2,5 billones de pesos para el ente recaudador que ya no existirá como tal. Parte de los fondos que iban al sostenimiento del organismo son una porción de recursos coparticipables, que ahora las jurisdicciones exigen que retornen a sus arcas.
Un reclamo que desde Casa Rosada deberán mirar con atención, pues nace del sector de la Unión Cívica Radical que actúa como aliado del oficialismo en el Congreso. El mensaje que lanzó en sus redes el gobernador mendocino Alfredo Cornejo —cuando celebró la decisión del Gobierno nacional— fue recogido por los senadores que le responden, Mariana Juri y Rodolfo Suárez, a través de un proyecto de ley.
Coparticipación: gobernadores exigen más fondos a Javier Milei
En la iniciativa se propone derogar dos artículos de un decreto que data de 2001, por el cual se estableció que el 1,9% de los fondos de coparticipación se destinen para gastos de funcionamiento de la AFIP.
En diálogo con iProfesional, la senadora Juri explicó que «es un proyecto bastante sencillo», pero necesario ante la disolución de la AFIP, medida con la cual «justamente se pretende que tenga menores gastos de funcionamiento». «Desde 1996 la AFIP ha incrementado tremendamente los gastos de funcionamiento, se lleva muchos más recursos que el Conicet y es casi la mitad de las partidas para universidades», resaltó.
«Pedimos la inmediata restitución de los fondos de la parte de coparticipación que se les quitó a las provincias para sostener un organismo que hoy no existe. Si el organismo ya no existe, no tenemos por qué seguir dándole dinero», sentenció la mendocina en declaraciones a iProfesional.
Las provincias buscan más recursos, ante el ajuste del Gobierno
Fuentes de bloques dialoguistas, consultadas por iProfesional, aseguraron que la discusión sobre los fondos coparticipables que iban para la AFIP «es muy oportuna de cara al Presupuesto», dado las exigencias que hay por parte de Nación para que las jurisdicciones carguen con los costos de educación, salud y obras públicas.
«Es verdad que la educación es competencia provincial, pero si no me renovás el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), y cargas a las provincias con otros costos, bueno, entonces empecemos a hablar de la devolución de los recursos que se ha dejado históricamente la Nación en detrimento de las provincias», expresó a este medio un legislador de la oposición friendly.
En los pasillos del Congreso hay quienes opinan que si hay «voluntad política» por parte de Casa Rosada, y en un gesto en busca de acuerdos, el Gobierno podría deshacer esta disposición «sin necesidad de una ley». «Esto puede ser por una resolución muy sencilla, mañana Milei puede sacar un decreto para dejarlo sin efecto», desafían.
No obstante, en el proyecto presentado por Juri y Suárez se resalta que la deducción del 1,9% es «ilegítima e inconstitucional», e incluso la Corte Suprema de Justicia ya ha fallado a favor en los casos de planteos realizados por La Pampa y Santa Fe, justamente porque en su momento no pasó por el Congreso.
«Esta afectación se realizó por un decreto del Poder Ejecutivo, sin que hubiera una modificación legislativa explícita de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y sin que mediara el acuerdo de las provincias», sostuvieron los senadores radicales en los argumentos.
En ese sentido, recordaron que el máximo tribunal apuntó que esa deducción no podía ser considerada una asignación específica de recursos coparticipables, porque no había sido dictada de acuerdo a los recaudos exigidos por el artículo 75, inciso 3, de la Constitución Nacional.
«La Corte Suprema explicó que, al dictar el decreto, el Poder Ejecutivo había actuado sin autorización del Congreso Nacional para hacerlo y que, de todos modos, la Constitución no permite que el Poder Legislativo delegue al presidente la facultad de establecer y modificar una asignación específica de recursos coparticipables», agregaron.
El texto establece la derogación de los artículos 1 y 4 del Decreto 1399/01 «y toda disposición legal y/o administrativa que los modifique y/o complemente». Asimismo, indica que «el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía de la Nación y/o los funcionarios que estime corresponder, instrumentará de manera inmediata la inclusión y el reparto, entre las provincias, de los recursos coparticipables» que por aplicación de dicho decreto «se detraen de la distribución de la coparticipación federal de impuestos con el fin de financiar el funcionamiento operativo de la AFIP».
AFIP: los millonarios fondos que recibía
A través del decreto dictado en 2001 se estableció que la AFIP, para su financiamiento de funcionamiento, estaría dotada «por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal» se encuentre a su cargo.
A su vez, se determinó que el ente recaudador debía «retener las sumas resultantes de la cuenta recaudadora» del IVA «y por consiguiente solventado por todas las provincias argentinas a través de la disminución de la masa coparticipable».
«Para mensurar la enorme incidencia que implica esta retención, debe tenerse en cuenta que para el ejercicio fiscal del año 2023 esos recursos significaron $643 mil millones, equivalente a u$s2.479 millones, esto significa un 0,34 % del PBI», enfatizaron los legisladores de la UCR.
De esta manera, remarcaron que «hoy en día a 12 provincias argentinas se las participan en el total de la masa coparticipable con un porcentaje menor que la AFIP. Ellas son: Catamarca, Chubut, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y CABA».
«Si se agregan los fondos provenientes de los recursos ‘no coparticipables’ que recibe AFIP, el porcentaje final de su participación es mayor al que reciben todas las provincias, salvo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Es decir, por los artículos del decreto cuya derogación perseguimos, se ha constituido a la AFIP —cuando menos en el aspecto fiscal— no solo como una provincia más, sino como la cuarta provincia argentina», subrayaron.
Juri y Suárez precisaron que si se comparan «los gastos primarios ejecutados en 2022 y los gastos salariales por empleado en las provincias y en la AFIP, puede observarse la enorme diferencia que existe en el gasto del rubro ‘personal’: AFIP alcanza el valor máximo, 5,23 veces superior al promedio».
«Asimismo, si se comparan los gastos de AFIP con algunos organismos nacionales surgen notorios resultados: el gasto de AFIP en 2022 ($331 mil millones) es muy superior a los gastos del Conicet ($80 mil millones) y la mitad del gasto de todas las universidades nacionales argentinas ($599 mil millones)», compararon y completaron: «Además, el gasto de este organismo en 2022 estaría en torno al 0,40% del PIB, más del doble del promedio de lo que gastan las agencias tributarias de los países de América Latina».