Como lo adelantó PERFIL CÓRDOBA, en la sesión de este jueves el Concejo Deliberativo aprobó la ordenanza que habilita la refuncionalización del Orfeo Superdomo en un centro mixto de prestación de servicios de salud.
A través de este proyecto se autorizó la refuncionalización del Orfeo Superdomo para montar allí un centro de atención médica, pero establece que el titular del predio tiene un plazo de 60 días para desistir de las acciones judiciales entabladas en contra del municipio capitalino.
La iniciativa impulsada por los concejales del bloque Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC) recibió el apoyo de las bancadas UCR, Frente Cívico y de dos de los tres monobloques existentes (Gabriel Huespe y Jessica Rovetto Yapur). Por su parte, la banca de la izquierda, representada por Laura Vilches, se opuso y mantuvo su propuesta de “expropiar” el edificio.
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En el marco del debate del proyecto de ordenanza de refuncionalización del Orfeo Superdomo, el concejal Pedro Altamira (HUxC) fundamentó la posición a favor del oficialismo.
“Ahora será un centro mixto de prestación de servicios de salud”, destacó el edil peronista. En su exposición, detalló que “en 60 por ciento del recinto se utilizará como centro de prestación de salud, el resto se destinará a actividades administrativas y comerciales”.
Las modificaciones internas del actual estadio -cuyo aspecto exterior se mantendrá inalterable- serán rápidas y flexibles y podrán revertirse si así se decide más adelante. “El costo de esta adaptación correrá íntegramente por el dueño del Orfeo”, precisó.
Desde la bancada del Frente Cívico, el concejal José Romero Vázquez manifestó el acompañamiento a la iniciativa y recordó que había trabajado en el hoy cerrado Orfeo Superdomo y que fue testigo de la decisión del cierre.
Respecto de su nueva función, el edil juecista destacó que “va a cubrir una demanda de los vecinos en cuanto a salud y va a cubrir las seguridades jurídicas de las partes”.
En el bloque oficialista también hicieron foco en la refuncionalización del Orfeo “en un Polo de Salud que va a fortalecer la oferta sanitaria en una zona densamente poblada de la ciudad”, afirmó el edil Martín Simonian en un adelanto de este diario.
Por su parte, la concejala Vilches (FIT-Unidad) se opuso a la iniciativa oficialista y mantuvo su propuesta de “expropiar” el edificio “para que siguiera cumpliendo con su rol de sede de eventos culturales y artísticos, muy valorada por la población”, remarcó.
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Puntos clave
Se autoriza la refuncionalización del Orfeo Superdomo para montar allí un centro de atención médica.
En concreto, la ordenanza en puerta contempla que se deberá destinar al menos un 60% de la superficie cubierta a fines sanitarios, mientras que el resto puede dedicarse a fines administrativos y/o comerciales.
También se estipula que las modificaciones edilicias deben realizarse con material liviano, que permita su desmontaje o modificación a futuro, de manera simple.
Otro punto central de la iniciativa es que el municipio exime en forma total y por el término de 10 años, el pago de la contribución que incide sobre los inmuebles y sobre el uso del espacio público.
Según se explicó en la última reunión de comisiones de hace tres semanas, la eximición está contemplada en la ordenanza que enmarcó la declaración del Orfeo como “de interés municipal”, y que generó luego una disputa legal con el propietario del inmueble, que consideró inconstitucional esa declaración.
En el marco de las consultas de los ediles de la oposición acerca de las eximiciones y el monto qué tributa actualmente ese predio, la subsecretaría de Ingresos Públicos del municipio, Magalí Díaz, señaló -en esa oportunidad- que el Orfeo Superdomo abona anualmente al municipio $17 millones por inmueble y otros $3,8 millones por uso del suelo (debido al puente peatonal sobre Rodríguez del Busto).
La funcionaria agregó que el propietario del inmueble actualmente está pagando solo porque mantiene el mencionado reclamo de inconstitucionalidad. “Hoy está al día. Si no tuviera reclamo en la Justicia, ya gozaría del beneficio de la eximición”, indicó.
El titular del predio tiene un plazo de 60 días para desistir de las acciones judiciales entabladas en contra del municipio capitalino.